Desde el PP, tras analizar la “escasa documentación” presentada por parte de la dirección de la fundación, tienen claro que todos los indicios apuntan a que ésta ha sido “seleccionada y estudiada” antes de ser entregada al Partido Popular, ya que según explican los índices de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas no se corresponden con la documentación desglosada de esos mismos pliegos con una numeración totalmente distinta.

En el mismo sentido, los populares han detectado que en el contrato a la empresa adjudicataria se hace referencia a los anexos I y II “que no han sido mostrados”. En particular para los populares genera particular “sospecha” el que tendría que adjuntar el pliego firmado y aprobado por la empresa contratada.

El procedimiento de contratación llevado a cabo para la selección de la empresa adjudicataria, ha sido también objeto de dudas por parte de esta formación por las “supuestas irregularidades” que presenta. Entre ellas citan que la actividad de una de las empresas invitadas a la licitación no parece que se ajuste a la naturaleza del encargo, y  las otras, comparten cargos de dirección.

Los populares sostienen que desde la fundación tenían claro cuál de las tres empresas tenía que ser la adjudicataria y que todo el procedimiento era una “vulgar farsa” para aparentar transparencia en la contratación.

El Partido Popular le ha exigido a Miriam Burgos, la Presidenta y concejal socialista del equipo de Gutiérrez Limones, que “si no tiene nada que ocultar”, entregue la documentación “completa y original” del expediente de contratación, y las encuestas donde la empresa de sondeos preguntó a los ciudadanos “por su valoración del equipo de gobierno, su gestión y su conocimiento y valoración sobre los distintos proyectos municipales”. Estas preguntas figuraban en el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos y no aparecían en los pliegos ni en los resultados de la encuesta aportados a la comisión de investigación.

Los populares citan además otra posible irregularidad. Se trata del “pago sin justificación alguna 20.000 euros más de los 55.000 euros previstos como máximo”, según indican, recordando además que en el contrato se señalaba expresamente que todos los gastos derivados del encargo serían asumidos por la empresa adjudicataria.