En 2013 el Gobierno local realizó el pago de deudas con una entidad bancaria por más de cinco millones y medio de euros. El pago se debía a la finalización del periodo de carencia de uno de los créditos bancarios que tiene suscritos la administración alcalareña. En esa fecha, el Ayuntamiento no tenía presupuestos anuales aprobados y funcionaba con los del año anterior prorrogado, por lo que el pago realizado no tenía consignación presupuestaria.

Para estos casos, la normativa establece que pueden emplearse las figuras del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, para hacer posible la modificación presupuestaria. Pero ambas figuras requieren una tramitación que incluye la aprobación por el Pleno municipal de la misma. En este caso, el pago ni siquiera fue planteado en el Pleno.

Ante estos hechos, la denuncia del PP considera que “existen indicios suficientes de irregularidades que pudieran dar lugar a la presunta comisión de alguna figura delictiva, puede haber prevaricación”, en palabras de Rodríguez Hornillo.