En el último Pleno municipal el gobierno de Gutiérrez Limones ha implantado el uso de acreditaciones plenarias para acceder a las dependencias municipales. En las acreditaciones figuran unas normas que obligan a identificarse para entrar en el Ayuntamiento. Además se limita el aforo del salón de plenos.

Asimismo, también señala la acreditación que “queda terminantemente prohibido la exhibición de cualquier tipo de pancarta o cartel”  y advierten al portador que “será desalojado en caso de que se produzca”.

El problema –según señalan los tres grupos de la oposición- es que no existe reglamento alguno aprobado por la Corporación Municipal en el que se implanten esa serie de medidas, por lo que, “como poco, primero deberá realizarse y aprobarse el documento para, posteriormente, implantarlo. Y esto es algo que el propio alcalde conoce”. Los tres grupos de la oposición consideran que “estos gestos demuestran la nula intencionalidad de Limones de hacer las cosas bien, ya que sólo busca el uso partidista de las reglas en su favor, para frenar el rechazo ciudadano hacia su gobierno, sus políticas y su gestión al frente de la ciudad”.

Para la portavoz del PP, María del Carmen Rodríguez, Gutiérrez Limones “vuelve una vez más a ponerse en evidencia y a revelar ante la opinión pública su faceta más autoritaria tratando de coartar las funciones del Pleno Municipal, que entre otras, en este caso se trata del acceso a los ciudadanos y su libertad de expresión en el salón de plenos”. Así, Rodríguez Hornillo asegura que “al alcalde y a su equipo no les interesa mostrar a los ciudadanos su nefasta gestión, su carencia de ideas y proyectos para la ciudad, ni su soledad respecto al resto de la corporación”.

Por su parte, la portavoz del Partido Andalucista, Lola Aquino, ha declarado que “se está demostrando que ni el alcalde, ni el gobierno municipal, están sabiendo actuar con la diligencia necesaria” por lo que desde el Partido Andalucista “rechazamos de plano esta medida y exigimos al gobierno que la retire inmediatamente”.

Para Izquierda Unida, la prohibición de exhibir pancartas en el Pleno puede ser “ilegal” por ir en contra del derecho a la libertad de expresión. Así lo manifestó su portavoz, Alberto Miranda en el Pleno y ahora sus servicios jurídicos estudian las posibilidades legales de anular la medida.