Según estiman desde esta formación se trata de hechos que podrían ser constitutivos de un delito electoral regulado en el artículo 144.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que castiga los actos que conlleven infringir las normas legales en materia de carteles electorales, y que pueden ser castigadas con la pena de prisión de 3 meses a un año, o la multa de seis a 24 meses, por quien lo realice.

Izquierda Unida considera que, el PSOE “ha cometido presuntamente una acción tendente a disuadir al ciudadano de votar por una opción política determinada, lo cual es considerado un delito en materia electoral”.

Para María Fernández, estos hechos “demuestran el miedo del Partido Socialista a perder la mayoría absoluta, que les ha permitido una impunidad total a lo largo de estos años, y que por fin está saliendo a la luz gracias a la denuncia y las grabaciones del caso ACM”.

Fernández  considera que “al igual que la Guardia Civil advierte de las tácticas mafiosas del gobierno actual; en esta denuncia ponemos de manifiesto que esas tácticas van mucho más allá del poder institucional, y que Gutiérrez Limones lleva esa forma de actuar a todo el ámbito político, con el único fin de perpetuarse en el poder y afianzara un ayuntamiento opaco en el que la ciudadanía no conoce lo que realmente ocurre”.

Desde Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña manifiestan que “no estamos dispuestos a permitir que se coarte la libertad de expresión y de voto, por eso exigimos una campaña electoral justa, igualitaria, transparente y limpia”.