El temor de FICA es que la dilación en reanudar las obras pueda suponer la retirada de los fondos europeos consignados para la ejecución de la carretera por haber superado el plazo límite para la ejecución y justificación de la misma. Por ello, FICA ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que inste a la Junta de Andalucía, responsable de la obra, a que informe sobre cuál es la situación actual de los fondos concedidos. En el caso de que se perdieran o se hayan perdido por causa del incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra, se trataría a juicio de FICA, de una situación muy perniciosa para la localidad, además de una grave irresponsabilidad.
La elevada cuantía de la aportación europea lleva también a poner en cuestión el motivo de la paralización de la obra. La Junta argumenta que ha padecido en los últimos años dificultades presupuestarias con motivo de la crisis. Pero esta situación no debe afectar a la carretera que nos ocupa, ya que la mayor parte de su coste no procede de las arcas de la Junta, sino de fondos europeos concedidos expresamente para esta infraestructura.
La necesidad de la ejecución de esta carretera es tan evidente que incluso el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, PP e IU) el 4 de septiembre de 2014 una Proposición no de Ley en la que instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a adoptar las medidas necesarias para reanudar la carretera. A pesar de ello, el Gobierno de la Junta ha hecho caso omiso a esta petición no ha consignado cantidad alguna para la obra en los presupuestos de 2015, que se aprobaron después de la petición del Parlamento. A juicio de FICA esta forma de actuar de la Junta es una falta de respeto a las instituciones y a la ciudadanía.
Mientras, los ciudadanos siguen padeciendo a diario los problemas de circular por una vía saturada de tráfico, con una de las medias de vehículos más altas de la provincia, más de 15.000 vehículos al día, ya que se trata de la carretera que enlaza las dos localidades con mayor población de la provincia, tras la capital. Pero además la realización de desvíos provisionales de obra ha incrementado aún más la peligrosidad de su trazado, con curvas peligrosas y rotondas provisionales. La vía además carece de cunetas o arcenes.
En 2009, la Junta calificó la obra de prioritaria y adoptó el acuerdo de ejecución de la obra. Seis años después los motivos que llevaron a esa calificación, no solo se mantienen, sino que se han incrementado, ya que la población de ambas localidades ha aumentado, sumando más de 200.000 personas, al igual que lo han hecho las empresas y servicios de la zona, entre ellos la Universidad Pablo de Olavide o los hospitales de El Tomillar o Valme. Sin embargo, la Junta sigue sin consignar presupuesto para acabar una infraestructura ya ejecutada al 32 por ciento y ni siquiera ofrece una fecha para retomar la obra
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