La situación económica de la entidad es más que comprometida. Un informe de la Intervención municipal concluía según los datos económicos de la Fundación en el cierre de 2014 que “la viabilidad económica de la Fundación no está garantizada”. Entonces detectó pérdidas de más de 192.000 euros y un endeudamiento de 822.000 euros. Pero además citaba la existencia de más de 700.000 euros pendientes de “dudoso cobro” y de vencimientos de deuda pendientes de 70.000 euros anuales hasta 2016.

Tampoco resultan claras las funciones que realiza la Fundación, según cita un informe de la Intervención municipal. En él se indica que el servicio de desarrollo económico se lleva a cabo desde el Ayuntamiento  mediante tres entidades: la Agencia Municipal de Desarrollo, la empresa pública Innovar en Alcalá y la propia Fundación Alcalá Innova. Según la Intervención  «este modo triplicado de prestación del servicio es anómalo, por lo que el Ayuntamiento debe acometer un estudio mediante el que se determine el mejor modo de gestión de este servicio».

La Fundación se creó en mayo de 2000 y tenía como finalidad la promoción económica de la ciudad y el desarrollo de acciones de innovación. Se trataba de contar con un ente que promoviera acciones tanto públicas como privadas para el desarrollo sostenible de Alcalá. En la práctica ha funcionado como una entidad privada sostenida con las transferencias públicas realizadas por el Ayuntamiento, por lo que desde la oposición municipal han advertido en varias ocasiones de la opacidad de su funcionamiento y de la imposibilidad de acceder a sus cuentas.

Un episodio concreto avalaba esta denuncia realizada en varias ocasiones por parte de la oposición. En 2014, la Fundación llegó a encargar una encuesta con preguntas claramente partidistas que tenían la intención de conocer la valoración de los ciudadanos de Gutiérrez Limones, de su gobierno y de los líderes de la oposición. El Partido Andalucista  lo denunció y el Gobierno retiró la encuesta. En 2005 se encargó una encuesta similar que se retiró durante su ejecución.

Tanto PP como PA consideran que existe un elemento más a tener en cuenta como motivo para la liquidación de la entidad. Se trata de la posible responsabilidad patrimonial de los denominados «patronos» de la Fundación. Entre ellos figuran el alcalde, Gutiérrez Limones, su número dos Miriam Burgos, la que fue edil en el mandato anterior María José Borge y el director del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe Joseba Barroeta. Hace unos días la Fiscalía solicitó dos años de inhabilitación para los patronos de la fundación pública que gestionaba la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. Además pedía que afronten con sus bienes personales el 5 por ciento del déficit patrimonial de la misma.

El Partido Popular estima que se trata de un caso similar al de Alcalá y culpan a Gutiérrez Limones de “dejar tirados a proveedores y trabajadores”. Desde esta formación consideran que “la situación a la que se ha llegado no tiene nada que ver con la crisis, sino con una mala gestión” y advierten de que «pediremos responsabilidades políticas y estaremos atentos para denunciar posibles responsabilidades».

Por su parte desde el Gobierno local culpan de la liquidación de la entidad a “la situación de crisis que se vive en los últimos años en España ha provocado que la Fundación haya venido sufriendo recortes económicos importantes que han imposibilitado desarrollar el catálogo de iniciativas y actividades que tenía en cartera”. Advierten además de “la imposibilidad de contar con la financiación necesaria por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra”.