Limones ya no es solo el alcalde de Alcalá, es también diputado por el PSOE y lo es en un momento especialmente delicado en lo que se refiere a las cuestiones que vinculan a políticos y juzgados. El caso ACM lleva camino del Supremo, así lo hace indicar la providencia dictada por el juez y a esa instancia judicial lo empuja la condición de aforado de Gutiérrez Limones, por lo que si finalmente llega al Supremo y este admite hacerse cargo de la investigación será porque encuentra indicios de presuntos delitos vinculados al alcalde. Unos “indicios de criminalidad” que ya el magistrado de Alcalá cita en su providencia, siguiendo la línea planteada por la investigación de la Guardia Civil que apunta en su último informe a la responsabilidad del alcalde-diputado en lo ocurrido.

Con la negociación abierta entre PSOE y Podemos para configurar gobierno, resulta evidente que si en los próximos días aparece un imputado (investigado en la nueva denominación jurídica) en la bancada de diputados socialistas el proceso negociador se habrá complicado. El propio Limones ha manifestado que es consciente de que el auto del juez tiene “connotaciones políticas”, aunque insista en su línea defensa: no tiene nada que ver con los hechos que se investigan, no está imputado y no perteneció a los consejos de administración de ACM.

El PP ha visto la repercusión política que puede llegar a alcanzar el caso y ha elevado la responsabilidad del caso hasta las máximas instancias. En una rueda de prensa ha pedido explicaciones a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, a los que ha advertido de que Gutiérrez Limones lleva encima una “mochila muy pesada”.