Esto supone en la práctica el desbloqueo de los nuevos planes de empleo concedidos a la ciudad que han llegado a estar en peligro por la falta de acuerdo entre el gobierno local y los sindicatos municipales CC.OO. UGT y SEM. Ambos tienen posturas enfrentadas frente a los contratos de los planes de empleo. Los sindicatos son partidarios de que a igual trabajo, igual sueldo. Esto supone que las personas contratadas por los planes de la Junta cobren lo que establece el convenio para los trabajadores del Ayuntamiento. Mientras que el gobierno considera que estos contratos son de tipo social y su retribución puede ser distinta.

Todo ello se traduce en una cuestión económica, Alcalá recibe 2.300.000 euros de los planes de empleo. Esto supone la realización de 289 contratos de seis meses, con las nóminas fijadas por la Junta, que para los contratos de menor cualificación son de unos 900 euros. Para que estos trabajadores cobraran lo mismo que los actuales de la misma categoría  del Ayuntamiento, unos 1.500 euros, las arcas municipales tendrían que cubrir la diferencia, lo que supondría un desembolso de 2.200.000 euros, una cantidad que el Gobierno local no puede asumir.

La solución que se había planteado era hacer una excepción al convenio para estos empleados, una fórmula empleada por otras localidades, pero para ello y sin el apoyo de los sindicatos, el gobierno local necesitaba pasarlo por Pleno y requerir el apoyo de los grupos políticos, algo que no estaba claro.

Finalmente la llegada de la resolución judicial ha desbloqueado el problema justo sobre la campana, puesto que el límite máximo para comenzar a realizar los contratos era este jueves. Varios trabajadores de planes anteriores habían ganado en los juzgados su reclamación sobre la remuneración a recibir, pero el TSJA da la razón al Ayuntamiento en los recursos planteados. De esta forma y con esta garantía legal, los primeros contratos comenzarán a formalizarse este mismo jueves.

La resolución del TSJA estima que se trata de unos planes específicos de inserción laboral con carácter social y no un tema interior de empleo público y absuelve a la administración local de la obligación de retribuir a los trabajadores demandantes de los planes de empleo especiales con arreglo a las tablas salariales del convenio municipal especificando que no procede el abono de las cantidades y otras medidas solicitadas dada la ‘excepcionalidad’ de la contratación otorgada.

En la sentencia se afirma textualmente que “no puede prevalecer en tales casos la aplicación del Convenio, dado su menor rango normativo en el sistema de fuentes establecido por el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores/95”.