Las medidas planteadas por los socialistas eran dos expedientes de crédito extraordinarios. Es decir dos parches al presupuesto, que ya de por sí es un parche, porque el Ayuntamiento funciona con el de 2017 prorrogado. Cuentas viejas para nuevos tiempos que ya empiezan a dar problemas. Un remiendo no menor, 3,5 millones de euros. Algo así como el 5 por ciento del total.

Dinero para pagar los gastos que generan los servicios y el personal asumidos por el Ayuntamiento y que antes correspondían a la empresa pública Innovar en Alcalá. Desde el gasto corriente, (la luz, el agua) de edificios como el Auditorio o la Procesadora, hasta las nóminas de 14 trabajadores. Se supone que también las deudas con proveedores que ha dejado Innovar. El dinero es imprescindible porque desde el 16 de enero Innovar no existe y de algún modo hay que pagar esas cosas. De hecho surge la duda de cómo se han pagado desde esa fecha hasta ahora. El PP lo dejó caer  “pagar facturas sin consignación presupuestaria no es legal”, indicó Francisco Bautista.

La oposición no niega la necesidad del gasto, argumento del PSOE, pero exigen la contrapartida acordada. El Ayuntamiento se ha quedado con Innovar, pero esa no era la única posibilidad. También pudo haber seguido adelante el concurso de acreedores. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en evitar esto, pero la oposición exigió algunas contrapartidas para poner orden en el funcionamiento de los servicios heredados. Las más importantes eran dos. La primera una auditoría externa que permita saber la situación de la empresa, sus deudas y el coste que supone. Y que también permitiría exigir responsabilidades de su gestión. El compromiso era que ya estuviera acabada. Pero no lo está. La empresa auditoria no tiene toda la documentación que ha pedido al Ayuntamiento. Las cuentas de Innovar siguen sin conocerse. El segundo punto del acuerdo era dar una solución a la situación de los trabajadores. La oposición pidió, y así se acordó, que esas plazas debían salir a concurso público para que cualquiera pudiera presentarse cumpliendo el principio de igualdad de oportunidades para acceder al empleo público. Tampoco se ha cumplido. Y la oposición se ha plantado, cuando se cumplan ambas cosas aprueban el gasto, dijeron.

El otro punto era la aprobación de una partida para realizar nueve obras en diversos puntos de la ciudad. Obras que en algunos casos han sido reclamadas por la propia oposición. En este caso su argumento fue el desequilibrio que el gasto puede generar en las cuentas públicas. No por el dinero en sí, sino por su consignación mediante la fórmula de expediente de crédito extraordinario. Un informe del Interventor, así lo indica.

La oposición fue más allá y trazó un horizonte económico caótico para el Ayuntamiento, que puede ocurrir, pero que requeriría de una conjunción de elementos negativos en los que parece obligada la acción de la mala suerte: devolución de la plusvalía, pérdida de las sentencias  y compensación económica a los trabajadores de los programas de empleo, pago de golpe de los 22 millones que se adeudan del tranvía. Todo ello puede suponer un nuevo Plan de Ajuste, decía la oposición. Y el gobierno local esgrimía la reducción de la deuda municipal a los bancos en 28 millones en dos años para mostrar solvencia económica. El portavoz socialista Gómez Menacho explicó también que las obras se financiaban con el dinero del patrimonio municipal de suelo, es decir con aportaciones de las empresas que desarrollan promociones en la ciudad.

En este punto entró en juego un elemento más. El PSOE, el partido, recurrió a la infantería. A su llamada llenaron el salón militantes y miembros de entidades vecinales que serían beneficiarias de las obras en cuestión. Los agraviados por la decisión de la oposición que, efectivamente, por ahora se quedan sin unas obras que algunos casos llevan décadas esperando. Esta presencia sumó al Pleno interrupciones, gritos desde el público y llamadas al orden de la alcaldesa.

También sirvió para poner frente al espejo de su propia división al PSOE. Paco Bautista, curtido en estas lides reservó para la parte final una estocada donde más duele y dijo al gobierno socialista “cada vez os parecéis más a lo anterior, a lo de Limones”. En el público hubo quien se apresuró a negar con un “noooo” ostentoso y quien manifestó “¿y qué pasa?”.

El Pleno fue un ejemplo más de la facilidad con la que se enreda la política en Alcalá, haciendo difícil lo sencillo. Porque en el fondo el problema está en que el Gobierno municipal no funciona como un gobierno normal y no elabora un presupuesto para cada año. Si el 31 de enero hubiera tenido un presupuesto para 2018, en él estarían incluidos los gastos que ahora quiere colar con expedientes extraordinarios. Las cuentas estarían cuadradas y no habría riesgo de desajustes ni advertencias de la intervención. Y para la oposición resultaría complicado pedir que se retiren de un presupuesto obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero el gobierno socialista tiene una dificultad patológica para hacer presupuestos. En los últimos diez años sólo ha hecho tres. El resto los ha prorrogado. La nueva concejal Rocío Bastida indicó que está trabajando en uno. Lo cual terminó de armarlos argumentos de la oposición: que se incluyan estos gastos en él y se aprueban. Pero Menacho sembró las dudas sobre la verdadera intención de presentar un presupuesto: “¿si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para esto lo vamos a hacer para aprobar un presupuesto?”. Un arrebato de sentido común, quizás, pero que supone una dejación de funciones, porque la política, cuando se está en minoría sobre todo, consiste en eso, en ponerse de acuerdo, al menos en intentarlo.

Y ahora hablando de política, el PSOE ha querido el todo o nada, de hecho el resto de partidos le pidieron que dejara el tema sobre la mesa, pero prefirió que se votara aún sabiendo que iban a perder. Llevó el tema a un pleno extraordinario sin tenerlo antes acordado con la oposición a la que necesita porque está en minoría. ¿Entonces para que se convoca el Pleno? Lo llevó sin cumplir las contrapartidas a las que se había comprometido en el caso de Innovar. Esto ha enfadado a la oposición con la que ahora le resultará más difícil hablar, ya que se considera engañada. La ha situado en una situación a la defensiva que le complicará el año y medio que le queda antes de las elecciones. Y tal vez no le basten ya argumentos como el de la responsabilidad o el de “es lo mejor para la ciudad” que quizás en otro caso hubieran servido, porque lo cierto es que los trabajadores se quedan sin cobrar y las obras sin hacer.

El Pleno de este martes ha roto la relativa calma inicial del periodo de Ana Isabel Jiménez y parece que abre una época de mayor enfrentamiento político. Y en medio del debate, con la oposición yendo de la mano, se oyeron desde el público las tres palabras que son la quimera de la oposición y el terror del gobierno: “moción de censura”.