Actualidad - 22/02/2018
Tras la declaración de Gutiérrez Limones, sobre la presunta malversación y prevaricación en el caso de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal.
El Supremo llama a declarar al interventor del Ayuntamiento y al gerente de ACM
Autor:
Redacción
El Supremo llama a declarar al interventor del Ayuntamiento y al gerente de ACM
El Tribunal Supremo ha citado a declarar al Interventor del Ayuntamiento de Alcalá, Francisco de Asís Sánchez Nieves y al exgerente de la empresa Alcalá Comunicación Municipal, José Luis Díaz, como testigos en la causa penal abierta al ex alcalde de Alcalá y actual diputado por el PSOE, Antonio Gutiérrez Limones.

Lo hace poco después de que haya declarado este último ante el Tribunal Supremo al que ha llegado el caso por la condición de aforado de Limones. Los dos testigos declarará el próximo 28 de febrero ante el juez instructor Juan Ramón Verdugo.

El caso ACM prosigue de esta forma su curso en el Alto Tribunal y las indagaciones se dirigen a dos figuras clave en la investigación realizada por la Guardia Civil sobre la empresa. Por un lado, el gerente sería el máximo responsable de las numerosas irregularidades contables detectadas y de presuntos delitos señalados por la investigación en relación al desvío de fondos públicos para pagar gastos particulares como viajes del propio alcalde y su familia.

Por otra parte, la declaración del Interventor, sirve en la investigación para explicar la ausencia de control financiero sobre la entidad, que daría lugar a la existencia de una estructura “cerrada y coordinada” y que permitió “la malversación de grandes cantidades de dinero”, además de llevar a la empresa a la quiebra y de genera cuantiosas deudas con los proveedores.

El Interventor, pieza clave en la investigación indicó que había expresado en varias ocasiones al alcalde la falta de medios para realizar la fiscalización de la empresa. Una petición que Gutiérrez Limones no atendió.

El diputado socialista declaró hace unos días en el Supremo donde afirmó que su actuación fue "conforme a ley" y mostró su convencimiento de que tras su declaración se cerraría el procedimiento que tiene abierto por malversación de fondos públicos.

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