La sentencia condena al notario Rafael M. L. a dos años de cárcel, y al que era su contable, José Miguel H. M., a seis meses por "distraer" entre 1989 y 2001 un total de 792.540 euros.

La Audiencia rebaja la condena al aplicar la atenuante de retrasos en la Administración de justicia, ya que el juzgado de Alcalá de Guadaíra inició la investigación en agosto de 2001 y no la concluyó hasta diciembre de 2013. En enero de 2016, el caso llegó a la Audiencia y el juicio se celebró entre septiembre y noviembre de 2017.

La dilación en la instrucción, explica la sentencia añadió  dificultades a la hora de juzgar el delito porque los afectados habían fallecido, no pudieron ser localizados o "no recordaban prácticamente nada de lo sucedido". La sentencia afirma que la contabilidad de la notaría se caracterizaba por un "absoluto descontrol", que llevó a problemas de tesorería y a que los dos acusados dejasen de gestionar escrituras de viviendas pese a que los clientes las habían pagado puntualmente.

Para solventar la falta de liquidez, los acusados empezaron en 1989 a destinar el dinero de las escrituras a otros fines hasta que en el verano de 1996 llegaron las primeras quejas de clientes porque sus viviendas no habían sido inscritas en el Registro de la Propiedad o porque estaban recibiendo requerimientos de Hacienda para que pagasen con recargo los impuestos no abonados.

Entonces el notario y su contable empezaron a destinar las provisiones de fondos de nuevos clientes a liquidar escrituras antiguas o recurrieron al subterfugio de liquidar un impuesto de 780.000 euros por 78.000 y declarar otros como exentos. El dinero procedía tanto de sus propios clientes como de otra notaría de Alcalá con la que mantenía unidad de caja y de contabilidad.

El titular de esa segunda notaría, Rafael G. P., se vio inmerso en el proceso judicial y fue juzgado, aunque ahora ha sido absuelto porque de las pruebas practicadas se deduce que "desconocía lo que los otros dos acusados hacían con sus provisiones de fondos".

Pero además ese segundo notario llegó a Alcalá en diciembre de 1997, cuando ya existían las dificultades de tesorería, y "carece de toda lógica que consintiera que estos problemas, que a él entonces no le afectaban, se extendieran a sus escrituras".

La condena por estafa deriva de que Rafael M.L. recibió de la compañía aseguradora del Consejo General del Notariado un total de 75.126 euros por un supuesto siniestro que atribuyó a negligencia de su contable, cantidad que ahora deberá devolver a Mapfre con sus correspondientes intereses.

Los jueces lamentan que, pese al retraso en la instrucción, no se haya podido averiguar el destino de los fondos desviados porque no se hizo ningún peritaje al respecto. Junto a la atenuante por la demora, el notario y su contable han visto rebajada su condena por reparación del daño ya que entre ambos han devuelto parte del dinero.