El relato de Laura Ballesteros se desarrolla de la siguiente forma. Un grupo de trabajadores de ACM, la mayoría de la plantilla a excepción de la cúpula directiva y alguno más, se ponen en contacto con ella, con el concejal José Manuel Rodríguez y con varios militantes del PSOE. Mantienen varias reuniones, alguna de ellas en la Casa de la Cultura y denuncian hechos que coinciden con los que el contable, Javier Luque expone en la grabación que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía y al traslado al Juzgado de Alcalá del caso. Hablan de presuntas irregularidades en la gestión y además denuncian una grave situación de acoso laboral promovida desde la dirección de la empresa.

La reacción de Ballesteros y los militantes socialistas es poner en conocimiento lo que les han hecho llegar, en primer lugar del alcalde y además de la cúpula directiva del PSOE: el entonces presidente del partido, Bernabé Gámez, la secretaria de Organización, Elena Álvarez y el concejal Rafael Chacón. Pero su denuncia no obtiene respuesta por parte de ninguno. El alcalde les indica que se olviden el tema y que de él se encargará Miriam Burgos. Incluso les pide que dejen de hablar con los empleados de ACM. El partido tampoco abre una comisión de investigación como pedían los militantes.

A raíz de aquí comienzan a sucederse las dimisiones, Francisco García deja de ser consejero de ACM. Laura Ballesteros deja el PSOE y pasa al grupo no adscrito y José Manuel Rodríguez entrega su acta de concejal.

Laura Ballesteros tenía intención de realizar estas afirmaciones en el Pleno extraordinario convocado para tratar el tema de ACM, pero el alcalde no la dejó intervenir. Adujo que el orden del día figuraban las intervenciones de los “portavoces de los grupos políticos” y que ella no pertenece a ningún grupo político, sino que es concejal no adscrita. Ballesteros pidió que el secretario argumentara legalmente esta decisión, pero el alcalde no permitió. Esta situación motivo que los concejales de la oposición a excepción de los portavoces abandonaran el Pleno.

Según afirma “no es lógico que se culpe al que denuncia los hechos, parece que somos nosotros quienes tenemos la culpa cuando lo que hemos hecho es denunciar los hechos”.

En cuanto al Pleno, el alcalde manifestó su inocencia y afirmó que no ha cometido hecho delictivo alguno. Al mismo tiempo  ha denunciado su “absoluta indefensión con un juicio paralelo al que me veo sometido por determinados medios de comunicación alentados por el proceso político que la oposición en este Ayuntamiento está llevando a cabo contra mi persona y mi cargo, con fines evidentemente reprobables”.

Gutiérrez Limones ha hecho entrega a los grupos políticos de un dossier completo con las cuentas de los últimos diez años de la Sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM). Además  mostró la carta que ha remitido al Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía solicitando que proceda a auditar la liquidación de ACM.

Además indicó que “tan pronto se me requiera para explicar lo que fuere daré cabal y cumplida explicación de cuanto se me solicite y sepa”. A lo que añadió que “cuando llegue el momento oportuno, solicitaré la tutela efectiva de los Tribunales de Justicia y demandaré las reparaciones de todo orden en la forma que las leyes me autorizan, por los gravísimos perjuicios que se me están ocasionando con los gravísimos ataques de que vengo siendo objeto, ante la falta de fundamento de las acusaciones que se vienen propagando”. Gutiérrez Limones hizo hincapié en que “no he sido imputado en procedimiento alguno y, por tanto, de nada se me acusa”.

Por su parte, los grupos de la oposición desplegaron una batería de preguntas en la que cuestionaron al alcalde por gastos concretos que figuran en la grabación del contable.

El PP reclamó la dimisión de Gutiérrez Limones y destacó que “el juzgado determinará la gravedad de los hechos y sus responsables y no sé, si llegará a probarse su directa implicación, espero que no, pero en cualquier caso, usted sería culpable por omisión, por haber permitido el desfalco del dinero público por personal de su confianza”.

La portavoz popular Rodríguez Hornillo resaltó además que a pesar de las graves acusaciones realizadas por el contable de ACM, esta persona sigue trabajando en una empresa pública del Ayuntamiento sin que se le haya abierto una investigación, “¿teme quizá que emprendiendo cualquier acción recriminatoria, este trabajador o cualquier otro de la extinta Alcalá Comunicación llegue a hablar y aportar más datos?”

El Partido Andalucista se refirió a la campaña de acoso a un sindicalista y preguntó al alcalde si “¿no va a preguntar nada?” sobre ella. La portavoz del PA mostró su extrañeza porque no se hubiera realizado ninguna investigación interna a raíz de conocer la denuncia sobre ACM.

Por su parte, el portavoz de IU, Alberto Miranda, citó que ha tenido conocimiento del testimonio de una persona que afirma que recibió dinero de Alcalá Comunicación por retirar publicaciones de CC.OO. y al que le pidieron que realizara pintadas en la casa de un miembro de este sindicato. Miranda cuenta que cuando días después manifestó que se negaba a hacerlo, le dijeron que no se preocupara que ya lo había hecho otra persona.