La juez de instrucción del Juzgado 2 de Alcalá ha tomado declaración este lunes a tres de los cuatro imputados en el caso de la muerte de tres miembros de una misma familia del barrio de Rabesa por inhalación de fosfina, un gas tóxico procedente de  los tapones de un plaguicida que el padre de la familia acumulaba en su casa para venderlos.

Según fuentes del caso, los tapones que causaron el fallecimiento, estaban en una empresa de gestión de residuos, Alansu S.L. Esta entidad debía reciclarlos o eliminarlos, pero en lugar de eso los vendió a una chatarrería, Reciclados Nivel. Ambas empresas son de Dos Hermanas. La chatarrería compró mil kilos de envases por 308 euros. Su interés eran los envases de aluminio. Los tapones de plástico los descartó y llegaron a Enrique Caño, padre de la familia fallecida que los acumulaba en su domicilio como forma de conseguir algún dinero con su venta. Los restos de plaguicida presentes en los tapones al entrar en contacto con la humedad, produjeron fosfina, el gas tóxico causante de las tres muertes.

El responsable de la chatarrería, Pedro G.C. ha declarado este lunes que desconocía que estaba tratando con envases de gran toxicidad cuando los adquirió y pensaba que se trataba de restos normales de aluminio. Tras declarar durante más de dos horas fue puesto en libertad.

Este lunes también han declarado los representantes legales de las empresas Alansu y Reciclados Nivel, imputados como responsables civiles subsidiarios. La declaración de la imputada María Rosa S.M., responsable de la empresa de gestión de residuos Alansu SL, ha sido aplazada, dado que tiene su imputación recurrida ante la Audiencia de Sevilla.

Todos ellos han sido imputados por presuntos delitos de homicidio por imprudencia y contra el medio ambiente   por no reciclar de manera adecuada los botes de plaguicida que causaron la muerte de los tres miembros de la familia Caño Bautista.