El Ministerio Público pide cuatro años de prisión para los tres acusados por un delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente. La Fiscalía también pide que sean inhabilitados durante cuatro años para ejercer cualquier trabajo vinculado con la gestión de residuos y que abonen de forma solidaria 720.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la menor que sobrevivió, hija y hermana de los fallecidos.
El fiscal ha seguido el recorrido de los envases de pesticidas que llegaron a casa de la familia fallecida y que no deberían haber salido de la cadena de gestión de residuos debido a su peligrosidad. Al parecer, según figura en su escrito, estos envases fueron entregados al padre de la familia a pesar de que debían seguir un protocolo estricto en su gestión.
Según el fiscal, los tres acusados eran conscientes de que los envases eran residuos peligrosos que debían gestionarse finalmente por una empresa autorizada para ello. El informe del fiscal también indica que el padre de familia fallecido desconocía la peligrosidad de estos envases cuando los aceptó.
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