El conjunto de medidas se planteará al Pleno municipal como moción promovida por el grupo municipal socialista y con la intención de contar con el apoyo de los grupos municipales. En dicha moción el gobierno local realiza una declaración de intenciones y afirma que «no será neutral en la lucha por la vivienda digna actuando contra cualquier desahucio de vivienda habitual si no hay prevista por la entidad financiera ejecutante una alternativa habitacional».

El punto de partida de la política de vivienda del gobierno local es conseguir una bolsa de viviendas con las que dar respuesta a los casos de emergencia habitacional. Para ello pedirán a los bancos que les cedan aquellas viviendas que tienen desocupadas en la localidad. Será necesario un proceso de negociación con las entidades.  Se creará un censo de viviendas vacías independientemente de su titularidad y en paralelo se creará un registro de demandantes de viviendas. A partir de aquí entrarán en juego los servicios sociales municipales, que serán los que realicen una baremación de las familias con problemas. Se emplearán “criterios de igualdad medibles y evaluables, con baremos establecidos y regulados, todo en coordinación con otros departamentos municipales, como servicios sociales y la propia Junta de Andalucía”. Y se tendrán en cuenta cuestiones como las condiciones familiares, económicas, sanitarias o sociales, así como su grado de cumplimiento con las obligaciones y responsabilidades familiares, educativas o sociales  entre otras cuestiones.

Las familias con problemas podrán acceder a un alojamiento transitorio por un periodo de un año y los  inquilinos se harán responsables del mantenimiento de la vivienda y servicios útiles corrientes. Las condiciones que llevan al alojamiento transitorio así como las obligaciones a cumplir constatadas por ambas partes son evaluables para poder o no prorrogar la situación un año más. A los bancos, también les exigirá el gobierno local el cumplimiento de Código de Buenas Prácticas en su relación con las viviendas que tienen hipotecas con ellos y en especial con las que están en riesgo de exclusión social.

El gobierno local también plantea la creación de una Oficina de Vivienda que tenga mayor capacidad para atender a los ciudadanos que la delegación municipal de Vivienda que ahora se encarga de estas cuestiones.  Esta oficina tendrá mayores medios para el conocimiento y valoración de personas y familias afectadas por situaciones de desahucios presentes o futuros, conforme a los criterios objetivos y procedimientos establecidos por las normativas de servicios sociales.

Para reforzar la protección de las personas que están en un proceso de desahucio, la intención municipal es llegar a un acuerdo con el colegio de abogados de Sevilla, para reforzar en estos casos la actuación en estos casos de los abogados de Alcalá.

Por su parte, la portavoz municipal, Elena Álvarez afirma que “desde el Gobierno municipal se sigue trabajando en fórmulas, como censo de recursos municipales, alquileres sociales o mediación, para ofrecer respuesta al derecho a la vivienda, en coherencia con el compromiso adquirido con la población”.