La decisión de iniciar la resolución del contrato con Sato Sport ha sido aprobada en el ultimo Pleno celebrado en el Ayuntamiento, justificándose la medida con un completo informe elaborado por los servicios jurídicos municipales en los que se pone de manifiesto que en ningún caso el concesionario puede decidir por sí mismo la finalización del contrato con el Consistorio que establecía su duración en 50 años, periodo que se inició  el 18 de febrero de 2002.

En el  informe técnico para iniciar la resolución de la concesión por el incumplimiento por parte de Sato Sport, S.L. también se expone que no se puede justificar este incumplimiento con el desequilibrio económico del contrato, comunicado por el contratista, y cuyo restablecimiento pedía como alternativa al cierre de las instalaciones.

En este sentido, los servicios jurídicos ilustran su decisión con un pronunciamiento legal en el que se manifiesta que el contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, de tal forma que la administración no puede hacerse responsable de la marcha del negocio para compensar los déficit.

Sobre este planteamiento, el Equipo de Gobierno considera que las empresas privadas deben ser conscientes de las contingencias propias del negocio que emprenden, porque  socialmente no es admisible que cuando una concesión aporte beneficios éstos sean exclusivos para estas entidades privadas, mientras que cuando arrojan pérdidas pretendan que sean asumidas en exclusiva por las arcas públicas. Esta forma de proceder supondría que la iniciativa privada dejaría todos los riesgos en manos públicas, sin que esto pueda ser admisible en una economía social de mercado.

Otro de los puntos del acuerdo de Pleno, además de iniciar la liquidación del contrato de concesión de obra pública por incumplimiento de la empresa Sato Sport, es determinar en el momento procesal oportuno la indemnización que deba satisfacer el concesionario  al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que le hubiere causado.

Esta decisión se argumenta por el Consistorio en el riesgo que puede acarrear el cierre y abandono de las instalaciones que, “no sólo supone que multitud de usuarios queden privados de este servicio, sino que se puede producir un deterioro inmediato del centro deportivo a causa de su falta de uso y conservación, la falta de vigilancia y protección del mismo, de modo que terceros puedan proceder al saqueo de estas instalaciones y hacerlas completamente inservibles para la prestación de un servicio público”, tal y como se ha puesto de manifiesto en un informe de la Policía Local. El pronunciamiento del Pleno acuerda dar un plazo de  audiencia  a la entidad concesionaria para que formule las alegaciones que estime conveniente.