Hay que recordar que la actual gestora, CGI lleva un año y medio haciendo su función sin contrato, ya que este finalizó sin posibilidad de prórroga. Pero además en los últimos tiempos se han sucedido las actuaciones polémicas vinculadas con el servicio de recaudación municipal: notificación de 8.000 embargos masivos, cobro por duplicado de la tasa de basura industrial o la existencia de inspecciones, embargos y liquidaciones tributarias firmadas por personal que no está habilitado para ello, según denunció el PP.

El cambio en el modelo de la gestión crea incertidumbre en los 20 trabajadores que desarrollan ese servicio desde hace años. El acuerdo de cambiar el organismo encargado del cobro de los tributos no recoge ningún compromiso para mantener los puestos de trabajo. Por ello, los empleados piden su integración en la nueva estructura del servicio a partir de 2014. Se trata de  una medida ya realizada por el Ayuntamiento en el año 97, cuando el servicio hizo el recorrido contrario al de ahora y pasó del OPAEF a la administración local.

Además existen dos sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento a admitir como personal propio a dos trabajadores de la empresa CGI, ya que entiende que se ha dado un caso de “cesión ilegal” de trabajadores al trabajar estos en las mismas condiciones en las mismas condiciones que los empleados municipales.

En relación con la decisión adoptada por el gobierno de Gutiérrez Limones sobre el traspaso al OPAEF, la portavoz del PP alcalareño ha preguntado si esta resolución “tiene algo que ver con la deuda de cuatro millones que el Ayuntamiento mantiene con Diputación por el cobro del tramo provincial del IAE”.

Según los populares, ceder el servicio de recaudación al OPAEF será más costoso para el Ayuntamiento de lo que hasta ahora venía costando con CGI, por lo que el PP observa “posibles indicios de una posible negociación que el gobierno debe explicar y aclarar los términos acordados”.

El PP afirma que el Ayuntamiento no cumple con sus obligaciones de pago con la Diputación desde 2008, por lo que la deuda rondará actualmente los cuatro millones de euros, estiman, “más que ningún municipio de la provincia”.