El OPAEF ya encargó hace años de la recaudación de los impuestos de la localidad. El Ayuntamiento decidió cambiar de sistema, en buena medida para aumentar los niveles de recaudación. Optó entonces por dar el encargo de cobrar los impuestos locales a CGI, una empresa privada. La matriz que controla el sistema es ARCA, que no es otra  cosa que varios empleados municipales que se encargan de la labor de control y dirección de la labor que realiza la empresa privada. Este sistema mejoró los niveles de recaudación anteriores. Pero el plazo de concesión del servicio a CGI, caducó después de una prórroga hace año y medio.

Se hace necesario cambiar la fórmula. Se plantean dos iniciativas. Una es darle el encargo al OPAEF, al que el Ayuntamiento deberá pagar por ello. Es la opción elegida por el Gobierno local y aprobada en Junta de Gobierno. La otra es que el Ayuntamiento asuma directamente la recaudación. Esta es la opción que defiende la oposición municipal, PP, PA e IU y el sindicato CC.OO.

Según la oposición, encargarle el trabajo al OPAEF tendría un coste más elevado que asumirlo por el Ayuntamiento, algo que el delegado de Hacienda Salvador Escudero. El organismo de la Diputación aporta alguna ventaja, como la posibilidad de cobrar deudas fuera de la ciudad, algo que se complica para una empresa local. Para los ciudadanos el sistema propuesto por el Gobierno local tendría desventajas como la necesidad de desplazarse a la oficina central del OPAEF en Sevilla para realizar algunos trámites. Para el Ayuntamiento, hay una ventaja clave. El OPAEF adelanta el cobro de los tributos. Es decir estima lo que va a recaudar, lo paga al Ayuntamiento por adelantado y luego se dedica a recaudarlo. Esto supone una inyección de liquidez para las maltrechas arcas locales. Eso sí, advierte el PP, no es posible salir del sistema hasta que no se han abonado las deudas con el OPAEF, “un círculo vicioso”, llama a esta situación los populares.

En medio de todo quedan los trabajadores. Si el servicio pasa al OPAEF, los 20 empleados de CGI van a la calle. Se trata de personas con largos años de servicio. Existen incluso sentencias que establecen que se ha producido una cesión ilegal de estos trabajadores al Ayuntamiento. Es decir que en la práctica trabajaban como empleados municipales. Las sentencias que hay hasta ahora obligan a su readmisión como empleados del Ayuntamiento. Para el Gobierno local, según afirmó Salvador Escudero, son trabajadores externos al Consistorio, con los que este nada tiene que ver.

Y luego está la tramitación de la medida en un Ayunta miento como el alcalareño con una situación política muy complicada por la falta de mayoría absoluta del PSOE. El traspaso al OPAEF requiere de la aprobación del Pleno, donde la oposición tiene mayoría y puede rechazarla. Entonces podrían pasar dos cosas. O bien sigue realizando la recaudación CGI, en fraude de ley, al hacerlo sin tener contrato en vigor. O bien el servicio de recaudación queda desierto y no se cobran los impuestos hasta que se resuelva el tema. Para Izquierda Unida este segundo supuesto sería la bancarrota del Ayuntamiento.

Aquí entra el juego político de los diferentes partidos. Con su estrategia el PSOE deja en la oposición la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Si vota en contra del traspaso al OPAEF, podrán argumentar que tiene la culpa de la difícil situación que se le planteará al Ayuntamiento. Para la oposición es el dilema de tener que comulgar con un planteamiento al que se opone o bien mantener su posición aunque ello pueda perjudicar a las arcas municipales o servir para sostener la situación ilegal de la actual empresa recaudadora.