Los andalucistas consideran que este órgano al que tiene derecho el Ayuntamiento se encargue de agilizar las posibles quejas que pueda generar el autobús. Se trata de un órgano formado por concejales y técnicos que permitiría conocer con fiabilidad cuestiones como el cumplimiento de los horarios, si la información sobre las líneas es correcta o si funcionan correctamente cuestiones como el aire acondicionado o los accesos para las personas con discapacidad.

Según la portavoz del PA en el Ayuntamiento, María Dolores Aquino, "el Ayuntamiento está obligado a prestar el servicio de transporte urbano y para ello sacó a concurso la explotación del mismo, pero no debemos olvidar que es un servicio público y que es el Ayuntamiento en última instancia quien debe responder por la calidad que ofrece".

Según Aquino, "otra cosa sería que el alcalde no hubiera empleado este derecho de control y vigilancia mediante una herramienta que el propio pliego le permite". En ese caso, el PA anuncia que solicitará de forma "inmediata" su puesta en marcha para poder conocer "de forma rápida y eficaz" el funcionamiento del servicio  para solucionar problemas con mayor agilidad".