La Fundación ha generado diversas polémicas en los últimos años, además de ser objeto permanente por parte de la oposición municipal de requerimientos de información sobre su situación económica y el destino de los fondos que le transfería el Ayuntamiento y de los que se surtía de forma prácticamente exclusiva. La estimación del PP es que las deudas que acumula con proveedores pueden rondar los 2 millones de euros.

Entre las polémicas generadas figuran el encargo de encuestas de contenido político que la entidad intentó encargar y pagar con dinero público y que fueron retiradas tras la denuncia de la oposición o su vinculación a ACM en un informe de la Guardia Civil en el marco de la investigación que lleva a cabo sobre esta última. Los investigadores detectan pagos entre ambas que a su parecer pueden constituir una forma de pasar dinero público de una empresa a otra.

La liquidación de la Fundación fue aprobada por sus patronos, el organismo que la dirige el pasado 5 de octubre y actualmente está en tramitación. Ya ha sido despedidos cinco de sus trabajadores a los que les adeudan varias nóminas. El patronato de la entidad está formado actualmente por el propio alcalde Antonio Gutiérrez Limones, su número dos, Miriam Burgos, la portavoz del anterior gobierno socialista, Mª José Borge y Joseba Barroeta Urquiza. La entrada en concurso de acreedores puede suponer que se establezca la responsabilidad patrimonial de los patronos en la situación económica de la entidad.

El PA estima que desde su creación en el año 2000 la Fundación Alcalá Innova, que tiene su sede en el Complejo Ideal ha gestionado más de siete millones de euros de dinero público. Pero no se conoce el destino exacto de los fondos ni las facturas correspondientes a los gastos realizados, motivo por el que precisamente en el Pleno de enero se aprobó a propuesta del PP crear una comisión de investigación sobre la entidad. Precisamente este jueves vencía el plazo dado al gobierno socialista en el acuerdo plenario para la formación de dicha comisión de investigación. Según los populares, esta entidad “ha devorado el dinero de todos los alcalareños sin explicar y detallar cómo, en qué y por qué”.

Por su parte, el gobierno local asegura que continuará con los pasos que marca la normativa para la liquidación de la entidad con el objetivo de que se produzca “con la máxima garantía de seguridad para los intereses de trabajadores y proveedores”, al tiempo que han mostrado su disposición a colaborar con el administrador concursal que ya ha sido designado por el juzgado.