Algunas de las cuestiones abordadas.

El caso ACM. Fue al final del debate, el PP pedía que la alcaldesa Ana Isabel Jiménez compareciera en el pleno de julio para aclarar su vinculación con el origen del caso. La alcaldesa dijo que los grupos conocen el sumario y tienen acceso a su declaración como testigo, “preguntan algo que ya conocen y con ello lo que quieren es sacar rédito político y sembrar dudas”. Dijo que ella no realizó grabación alguna, en referencia a la cinta en la que el contable de la entidad relata diversas irregularidades y que dio origen al caso. Ana Isabel Jiménez manifestó que en el año 2011, trabajaba en una empresa privada y que era vicesecretaria del PSOE de Alcalá. Explicó que en esa fecha estuvo presente en una conversación a petición del contable de la sociedad ACM, en la que “trasladó una serie de hechos aparentemente graves que también habían comunicado a otras personas miembros de la corporación municipal. Estas declaraciones se producen en una situación de conflicto laboral por el posible cierra de esa empresa”. La alcaldesa añadió que no tenía forma de comprobar la veracidad de las afirmaciones del contable y que puso las manifestaciones de este en conocimiento de sus superiores jerárquicos de su agrupación en el PSOE.  Estos le dijeron que se harían cargo de la cuestión. En los meses siguientes vuelve a preguntar y le dicen que se solucionó el conflicto laboral y que se encargó una auditoría externa de la sociedad para comprobar si había irregularidades y que no se detectaron.

En 2014 la llaman como testigo y acude a declarar ante la Guardia Civil, según dijo los agentes le dijeron que su forma de actuar había sido la correcta y razonable. Ratificó la declaración ante el juez y no ha tenido más conocimiento del tema más que por los medios de comunicación. Como alcaldesa, añade, puso en marcha la personación del Ayuntamiento en el caso. Y finalizó diciendo que “ruego a los miembros de esta corporación que dejemos los intereses y opiniones partidistas y nos centremos en pedir la resolución de una pronta resolución del caso que es lo único que interesa a los vecinos de Alcalá”.

La Feria y su fecha. El Partido Andalucista pidió un replanteamiento de la fecha de la Feria y del festivo local asociado a la misma. El objetivo es lograr mayor participación. El PA indicó que este año fue muy escasa al mediodía debido al calor y el concejal de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, manifestó que los datos de afluencia global de este año han sido mayores que en ediciones anteriores y sobre todo por las noches. Al final se aprobó el estudio de una nueva posible fecha y para el día festivo y que para ello se contara con la participación de los colectivos implicados y de los ciudadanos en general.

La carretera A-392. Había dos mociones relativas a ella. IU preguntaba por la eliminación del carril bici del proyecto y el PP por su retraso y por la falta del tramo urbano de conexión con Alcalá. El portavoz socialista Salvador Escudero negó que existiera un retraso, a pesar de que las obras llevan meses prácticamente paralizadas y se mostró partidario de acabar la obra sin hacer el carril bici para no dificultar la ejecución de la carretera  y que el carril bici se hiciera posteriormente. No obstante, se aprobó por unanimidad instar a la Junta a realizar el carril bici, el enlace urbano y a acelerar las obras.

Oficina de atención al inmigrante. Alcalá Puede pidió que se creara una oficina de atención al inmigrante que estuviera dotada con asesores jurídicos, asesores sociales, educadores y administrativos y que ofreciera entre sus servicios los de traducción. El concejal de Asuntos Sociales, José Antonio Montero, rechazó la medida por el coste que supondría. Una oficina con cuatro empleados tendría unos costes laborales de 200.000 euros. Citó también que sólo el 3 por ciento de los expedientes tramitados en Asuntos Sociales corresponden a inmigrantes. El año pasado fueron en concreto 93.

Nuevo portavoz de Alcalá Puede. El grupo de AP formalizó el cambio de su portavoz en el Pleno. Deja de ser Jesica Garrote y pasa a ser Sheila Carvajal. La intención del grupo es acabar con la división que ha existido hasta ahora en la formación y que los cuatro concejales se turnen cada seis meses para ejercer la portavocía.

Delegación de la Agencia Tributaria. A petición del PSOE se aprobó pedir al Gobierno Central que dote a Alcalá con una delegación de la Agencia Tributaria, que le correspondería a  la ciudad por población y por volumen empresarial y que vendría a facilitar los trámites correspondientes a ciudadanos y empresas.

El mercado de abastos. Fue otro de los puntos de debate. Izquierda Unida pedía en principio la revocación de la concesión de su gestión a una empresa privada, por los impagos de las cuotas que debía realizar y que según esta formación no abona desde febrero de 2016, acumulando una deuda de más de 30.000 euros. Finalmente no se pidió la retirada de la concesión, sino que se dio algo más de plazo para regularizar la situación del mercado y lograr su apertura con la nueva fórmula que incluye bares y establecimientos de ocio. Una fórmula a la que se oponen un grupo de vecinos del entorno por las molestias que entienden podrían ocasionar y por un posible incumplimiento de la normativa para estos establecimientos. Al final se quedó en dar hasta el 31 de julio para que los técnicos municipales evalúen la situación y busquen alternativas para desbloquear la apertura del nuevo proyecto para el mercado.

Monumento a la industria. La familia de Pepe Guillén en memoria del creador de la empresa Cays y destacado empresario alcalareño, ha ofrecido al pueblo de Alcalá una escultura que representa  a la industria y que quiere ser un homenaje a la tradición empresarial e industrial de Alcalá. La obra representa a un herrero. El pleno aceptó la donación y la obra, que consiste en la figura de un herrero, se colocará en una rotonda de la ciudad, posiblemente en Nueva Alcalá.

La Casa del Flamenco y el Cuartel de la Guardia Civil del Derribo. El PP pidió que se actuara en  la ejecución de la Casa del Flamenco, prometida por el gobierno local en la Casa Ibarra. El concejal de Flamenco, Enrique Pavón reconoció el retraso de la iniciativa y se comprometió a avanzar en su desarrollo. Algo similar se planteaba con el antiguo cuartel de la Guardia Civil, luego comisaría de Policía Nacional del Derribo y algo parecido respondió el PSOE, que mostró su disposición a rehabilitar el inmueble aunque no concretó fechas, ni usos.

Riberas del Guadaíra. A propuesta del PA se aprobó la elaboración de  un plan para mejorar la situación de las riberas del Guadaíra, evaluar su estado y definir propuestas de actuación e inversiones que favorezca su uso y su atractivo como elemento turístico.

Quedó rechazada la iniciativa del gobierno local para cambiar la presidencia de la Gerencia de Servicios Urbanos. Querían que Elena Álvarez sustituyera a Gómez Menacho, ambos concejales del PSOE, pero la oposición se opuso. Hace unos días en este mismo organismo se ha nombrado a José Manuel Rodríguez, antes asesor de la alcaldesa, como gerente en sustitución de Álvaro Mingorance.

Además se aprobó por unanimidad realizar un reconocimiento a Cruz Roja y sus voluntarios por los 30 años de creación de la Asamblea Local.