El centro deportivo queda ahora en una situación de indefinición y bajo el riesgo de que la fórmula para que vuelva abrir se alargue en llegar a la espera de una resolución judicial. Las instalaciones se ubican en un terreno municipal y la empresa Sato es la concesionaria del uso de los mismos mediante un acuerdo con el Ayuntamiento por cincuenta años. Desde el Gobierno local indican que el cierre unilateral dará lugar a una reclamación judicial por su parte. Pedirán el cumplimiento del contrato entre ambas partes. Esto puede alargar la resolución.

Otras alternativas pasarían por un acuerdo entre empresa  y Ayuntamiento. Bien para rescindir el contrato de mutuo acuerdo de forma que el Ayuntamiento lo pudiera entregar a otra empresa dispuesta a explotar las instalaciones o bien la asunción de las mismas por parte del Consistorio para explotarlas como gimnasio municipal.  Ambas opciones se han abordado en encuentros entre empresa y Ayuntamiento. Pero ni ha aparecido otra empresa interesada en la gestión, ni ha habido acuerdo sobre las condiciones económicas para que el edificio revertiera en  la administración pública.

En medio quedan los trabajadores que según explican esperaban hasta  hace unos días una posible solución, ya que aseguran que la empresa les dijo que quedarían en una situación de sucesión empresarial a la espera de una nueva adjudicataria que finalmente no ha llegado. Tampoco los usuarios han sido informados oficialmente y muchos se han sorprendido al no poder recibir los servicios con los que contaban. Entre ellos hay muchas personas que acuden al centro por necesidades terapéuticas ya que por prescripción médica deben realizar diversos ejercicios para mejorar de sus dolencias.