Consideran los empresarios que impedir el desarrollo de este proyecto dañaría «de forma extraordinaria al sector del reciclado, en la actualidad uno de los pocos emergentes en nuestra ciudad».

FICA afirma que defiende los valores de sostenibilidad, calidad medioambiental y salud pública y considera que la instalación que proyecta la cementera cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos no ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

Los empresarios recuerdan que las competencias para regular este tipo de actividad corresponde a la Junta de Andalucía y que su tramitación y control ofrecen garantías suficientes de cara al medio ambiente. Recuerdan que existen instalaciones similares en Andalucía y en España desde hace más de 30 años.