Fuentes de la empresa recuerdan que su proyecto cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía y manifiestan que “no supone ni un deterioro en la calidad de vida de sus vecinos ni un impacto negativo en su salud”.

Por otro lado, la compañía niega que se haya producido la rotura de ningún filtro en sus instalaciones, como denuncian varios colectivos y una asociación vecinal del barrio de La Liebre, y defienden que “la fábrica cumple los requisitos establecidos por la Autorización Ambiental Integrada y lleva a cabo los controles y autocontroles reglamentarios”.

A juicio de la compañía están sufriendo un “ataque continuo y directo a instalaciones industriales ubicadas en el municipio” y consideran que esta actitud “está logrando confundir a los vecinos acerca de la realidad de sus proyectos y puede derivar en la pérdida de confianza de nuevos inversores, ante demoras legales y administrativas que afecten al desarrollo de su actividad, que quieran instalarse en la localidad para llevar a cabo sus operaciones”.

Desde la empresa aclaran que el proceso de valorización de residuos no peligrosos “no
consiste en su incineración, sino en el aprovechamiento del valor calórico obtenido de residuos no peligrosos como combustible alternativo al ya empleado en la producción del cemento, con la particularidad de que estos proceden de gestoras de residuos que responden a las máximas garantías y controles y que suponen un ahorro en el consumo de combustibles fósiles”. Han asegurado que “también favorecería la lucha contra el cambio climático, ya que el uso de este tipo de combustibles ayuda a reducir las emisiones de CO2”.

Asimismo, han recordado que “esta actividad está implantada en Europa y en España desde hace más de 30 años y, actualmente, el 90 por ciento de las cementeras nacionales cuenta con permiso para realizarla”.