Según afirman, esta alternativa supondría un ahorro para las arcas municipales y además permitiría mantener los 20 puestos de trabajo de la empresa que actualmente gestiona los impuestos locales, CGI.

El PP cree que el ahorro podría estar alrededor de 1,2 millones de euros, aproximadamente un 40 por ciento menos que en el caso de asumir la gestión un organismo externo.

Para el PP, el contrato con Diputación no es favorable a la localidad y cita para ello que “toda la documentación necesaria para poder efectuar la gestión de cobro, debe ser aportada desde el propio Ayuntamiento, quiere decir, que la administración local debe de contar con un servicio exclusivo para apoyo de la actividad cedida a Diputación”.

La opción que plantea el grupo popular se basa en que la gestión, recaudación e inspección fiscal, se quede en manos del Ayuntamiento y que, únicamente con la Diputación, se acuerde un convenio para ceder las competencias de recaudación fuera del término municipal, que plantea muchas dificultades para una administración de rango local.

Para Izquierda Unida, la decisión de externalizar la recaudación “pone de manifiesto que el PSOE de Alcalá no tiene ningún tipo de interés ni en lo público, ni en mantener las arcas municipales saneadas, ni en los trabajadores alcalareños.