Esto supone que ya son cuatro las personas imputadas en la causa. Hasta ahora la juez había imputado al encargado de la chatarrería Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C., y a la encargada de la empresa de gestión de residuos peligrosos, María Rosa S.M. Ambas empresas también habían sido imputadas como personas jurídicas.

La juez les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente por no reciclar de manera adecuada unos botes de plaguicida que en diciembre pasado causaron la muerte al matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años de edad, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años.

Ahora se suman a la lista de imputados un trabajador de la empresa de gestión de residuos y un socio de la chatarrería, según informa El Correo de Andalucía.

La juez ha citado a declarar el próximo día 24 de septiembre tanto a los dos nuevos imputados como a María Rosa S.M., cuya declaración, prevista para el pasado mes de julio, fue suspendida debido a que su defensa había recurrido su imputación en el caso. Ese mismo día, la juez ha citado a declarar a tres testigos.

El único imputado que ha comparecido hasta el momento ante la juez (el pasado 21 de julio) ha sido el responsable de la chatarrería, Pedro Antonio G.C., declaró que desconocía que estaba tratando con envases de gran toxicidad cuando los adquirió y pensaba que se trataba de restos normales de aluminio.

La investigación trata de aclarar si los botes de fosfuro de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá de Guadaíra.