Tras la celebración del  último consejo de la empresa pública, se acordaron varios puntos entre los que se encontraba la reestructuración de la empresa en cuanto a su personal, ya que esta sociedad pública ha visto incrementado su coste en este capítulo en más de un 90 por ciento.

Este incremento se debe sobre todo, según explican desde el PP, a que tras la liquidación de la empresa pública ACM que ahora investiga el juzgado, toda su  estructura de personal, incluidos los cargos directivos fueron traspasados a Innovar en Alcalá. En paralelo los ingresos procedentes de fuentes distintas a las transferencias del Ayuntamiento se redujeron en más de un 70 por ciento. Estos datos llevan a la portavoz del PP, Carmen Rodríguez Hornillo a calificar de “ruinosa” la situación de una empresa “que estamos pagando todos los alcalareños”.

Dentro de la reestructuración acordada, se estimó el despido del que fuera gerente de ACM, José Luis Díaz, que según el PP “desde que fue contratado sin proceso de selección alguno, no ha llevado a cabo actividad alguna que haya supuesto ingresos para la empresa”.

De esta forma la representante del PP encargada de confirmar la carta de despido de este cargo directivo, trató el miércoles de registrar esta documentación en la empresa encontrándose con la negativa del único responsable que se encontraba en las oficinas, el antiguo contable de ACM, Javier Luque, quien “argumentando que recibía órdenes, se negó a sellar la documentación referida”.

La edil del PP optó entonces por llamar a la Policía Local y entonces, el empleado accedió a recibir la documentación. De hecho dos agentes de policía llegaron poco después de la recepción del documento. Todo el proceso llevó a la responsable del PP más de dos horas.

Por su parte el Partido Andalucista ha lamentado “las serias dificultades a las que se ha sometido esta mañana a un miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Innovar en Alcalá S.L. para entregar en el registro de la misma la documentación referente al despido del ex gerente de ACM”.

Así, para la portavoz municipal del PA en el Ayuntamiento de Alcalá, Lola Aquino, “tras meses de impedimentos, y subterfugios, es muy grave que sea necesaria la llamada a la Policía para que se recoja la documentación necesaria que de cumplimiento a lo acordado por la mayoría del Pleno de la ciudad y del máximo órgano de la entidad”.

Por su parte, el Gobierno local respondió, después de que finalmente fuera entregada la carta de despido, con el envío de un burofax en el que pone en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración un informe técnico en el que advierte de “las repercusiones legales para los consejeros” que según dicho informe puede sobrellevar el despido. Según argumentan, un primer informe del asesor laboral veía inviable el despido por causas económicas y ante ello los grupos de la oposición pidieron otro documento “obligando esta vez a  justificar el despido en cuestiones  de organización, pese a que estas causas ni siquiera se han debatido en el consejo de administración”, afirman en una nota remitida por el Gobierno local.

Además indican desde el Gobierno local que la comunicación de despido a dicho trabajador la firma “un cargo inexistente en la sociedad como es el de Director General  y con una rúbrica ilegible, en lo que puede considerarse  un fraude de ley  por falsedad en documento público”.

En el mismo comunicado consideran que “los representantes de la oposición  del PP y el PA en el consejo de administración en la empresa sospechan que el recurso planteado  contra las formas  por las que obtuvieron la mayoría  en este órgano, no les  resultará favorable y por ello están tomando decisiones en fraude de ley”.