Las aulas en las que reciben clases los niños de 6 y 7 años del colegio, unos cien en total, se construyeron en 1965. Constituyen un edificio independiente del colegio. El resto se ha renovado en el tiempo, pero estas clases siguen ancladas en otro tiempo en el que los requerimientos educativos eran otros. Se crea así una discriminación evidente de estos alumnos respecto a los de otros centros. Este tipo de aulas ya están eliminadas de la gran mayoría de centros de Sevilla. Su diseño es de menor espacio que las que se diseñan en la actualidad, las condiciones de seguridad no son las adecuadas ya que la planta superior por ejemplo no tiene salida alternativa para casos de emergencia. Tampoco hay acceso para minusválidos. Los profesores han tenido que llevar en brazos a alumnos accidentados, en una escena rocambolesca. Los baños son muy antiguos y constituyen una fuente de humedad y malos olores.

Son problemas estructurales, pero además la antigüedad del edificio suma problemas. En invierno el frío, los padres lo han medido. El termómetro llega a bajar hasta los 8 grados. A ello se suma la humedad, también hay mediciones: alrededor del 70 por ciento. Los niños permanecen con abrigos y bufandas en clase, más pendientes de mitigar el frío que de atender en clase. Existen aparatos para calentar las aulas, pero la instalación eléctrica es insuficiente y el automático salta continuamente. Esto supone permanecen interrupciones en las clases, más complicaciones. En los días de lluvia es aún peor, ya que el aula entra por las ventanas. Ni siquiera hay un pequeño techo fuera de las aulas para que los alumnos puedan salir al exterior en caso de lluvia. Ahora deben permanecer todo el día en el interior de las clases. Los padres temen que estas condiciones tengan consecuencias incluso para la salud de los niños ya que en cursos anteriores se han producido brotes de neumonía en estas aulas.

Las denuncias de los padres se extienden durante años, pero por ahora solo tiene promesas para dar una solución definitiva al problema, que no sería otra que derribar las clases y construirlas nuevas, ya que su estructura no cumple con los requisitos actuales y resulta imposible su aprovechamiento.

Tras muchas visitas a las autoridades que han resultado hasta ahora improductivas, atisbaron que el problema podría tener solución el pasado mes de junio. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, llegó a afirmar que en el presupuesto de la administración autonómica de 2017 habría presupuesto para su sustitución. No han vuelto a saber nada más y siguen sin que nadie les dé al menos una fecha para la solución al problema.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá indican que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez ha mantenido varias reuniones en la Junta para solucionar el problema y que desde la Junta les han indicado que una fórmula podría ser emplear para ellos fondos de una partida creada en los presupuestos autonómicos para obras en centros escolares. Estos fondos están consignados pero no repartidos. El Ayuntamiento ha pedido que una de las actuaciones a las que dé lugar esta partida presupuestaria sea la del Manuel Alonso.

Los padres anuncian que iniciarán movilizaciones en los próximos días. En ellas incluyen una parada simbólica el próximo 17 de febrero, pedir a representantes del gobierno local y los partidos políticos que acudan al colegio para conocer in situ la situación, recogida de firmas, la realización de un informe con los incumplimientos de las normas de diseño y constructivas de los edificios, así como de las denuncias presentadas por los padres sobre la salud de sus hijos. Harán además una estadística del absentismo registrado en estas aulas.

Por su parte, el PP de Alcalá ha solicitado ser recibido por la Dirección de Planificación Escolar de la Delegación Provincial de Educación, ya que según afirman “a través de la responsable del equipo de gobierno, la concejal socialista Mª Jesús Campos Galeano, no obtenemos respuestas concretas, y lo que es peor, los padres de los alumnos se siente engañados reiteradamente”.

Aunque en el último pleno municipal se aprobó una moción para pedir una solución al problema, desde el PP no confían en que “la responsable municipal de educación esté trasladando a la administración autonómica, la verdadera dimensión del problema más allá de su preocupación por la repercusión mediática negativa, que las protestas de los padres le pueda acarrear al equipo de gobierno socialista”.