La disposición que se ha debatido este jueves como único punto del orden del día consistía en realizar una modificación del ordenamiento jurídico vigente para que puedan desarrollarse proyectos de valorización de recursos a menos de dos kilómetros del casco urbano de Alcalá. La medida la planteaba el gobierno municipal del PSOE y aunque planteada con carácter genérico, resulta evidente que estaba pensada para frenar el proyecto de la cementera. Sobre esta materia se centró el debate de los grupos. A favor de la modificación y por tanto en contra de esta iniciativa empresarial se posicionaron PSOE, Alcalá Puede, Izquierda Unida y Partido Andalucista. En contra de la misma votaron Partido Popular y Ciudadanos.

Ya hace un año, el Ayuntamiento aprobó una moratoria que impedía el proyecto de la cementera, ese plazo finalizaba el 10 de octubre, por lo que desde el PSOE se planteó esta fórmula para paralizar la iniciativa.

Ahora queda abierto el proceso de tramitación de la modificación del PGOU. En primer lugar se abrirá un periodo de alegaciones, que el Gobierno local podrá estimar o no. Luego será necesario remitirlo a la Junta de Andalucía. Esta instancia superior deberá aprobar o rechazar la medida. Pero la Junta ya se ha pronunciado respecto al proyecto de la cementera al que ha concedido todos los permisos necesarios. Ahora deberá pronunciarse respecto a la modificación que plantea el Ayuntamiento. Toda esta tramitación tendrá una duración de entre un año o año y medio. Durante este periodo la cementera no podrá acometer la iniciativa.

El PP planteó en el Pleno una alternativa. Se trataba de dejar el punto del orden del día sobre la mesa y pedir un dictamen al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, sobre la legalidad de la medida que planteaba el PSOE. Los populares consideran que el planteamiento del gobierno local puede incurrir en una ilegalidad por perjudicar de modo deliberado a una empresa concreta y porque quiebra el principio de seguridad jurídica. De hecho, el Ayuntamiento de Alcalá concedió hace seis años licencia de obras para el proyecto de la cementera, pero la empresa no llegó a ejecutarlo debido a la situación de crisis económica. El concejal del PP, Francisco Bautista considera que «se trata de una decisión arbitraria del alcalde que provocará una pérdida de imagen de la ciudad y que constituye una posible ilegalidad que puede acarrear consecuencias personales». El plazo estimado para obtener el dictamen de la Junta, puede rondar un mes.

Gutiérrez Limones se negó a aplicar la propuesta del PP, por entender que en ese caso la empresa podría pedir licencia de obras antes de que llegara el dictamen del consejo consultivo y en ese caso, el Ayuntamiento tendría que concederla.

Por su parte Izquierda Unida, considera que la modificación del PGOU no trata de perjudicar a la empresa, sino que regula este tipo de actividad. Tampoco considera que afecte a los trabajadores de la empresa.

Por su parte, Lola Aquino del Partido Andalucista considera que «nada garantiza la seguridad del empleo» y estima que el contexto urbano ha cambiado y la fábrica está ahora muy cerca del núcleo urbano.

Desde Ciudadanos, Ester Ruiz, partidaria del proyecto de Portland Valderribas considera que con su desarrollo se reducirán las emisiones de CO2 y afirma que «no hay ni un solo estudio medioambiental que indique una relación entre las emisiones d la fábrica y la salud de los alcalareños». Su propuesta es que se permita el proyecto y que una mesa de control con todos los agentes implicados revise de forma periódica el cumplimiento de los niveles de emisiones permitidos.

Una representación de los empleados de la factoría estuvo presentes en el Pleno. Apoyan a la empresa y consideran que la medida adoptada deja en el aire su futuro laboral. Es la misma posición que la dirección de la empresa, que ya había advertido de que de no poder llevar a cabo el proyecto perderán competitividad. El temor de los empleados es que la factoría de Alcalá deje de producir el clinker que luego se muele para obtener el cemento. De esta forma la fábrica se limitaría a comprar el material en otros países y a molerlo y envasarlo. Para ello estiman que no harán falta más de 20 empleados, frente a los 200 que ahora trabajan en la factoría.