Sin embargo, según el Comité de Empresa, ninguna de estas dos premisas se han cumplido. Por ello, instan a la Junta de Andalucía, como parte firmante del acuerdo a que se una también a su reclamación legal. Los trabajadores explican que la producción de Bellavista era de unas 40.000 unidades al mes, mientras que la fábrica de Roca ha producido unas 36.000 unidades cerámicas en los últimos tres años. Estas cifras les sirven para argumentar que no se ha producido el anunciado traslado de la producción. Según explican, las piezas que se hacían en Alcalá y Dos Hermanas han pasado a fabricarse en Portugal.

En cuanto a las inversiones, los empleados afirman que en las instalaciones de Alcalá solo ha llegado el 3 por ciento de la inversión total de Roca. Según afirman desde el comité “la decisión de cerrar Alcalá se tomó hace tiempo y no ha existido voluntad de negociar”. Los trabajadores han rechazado la última propuesta de la dirección de mantener a 30 empleados en la fábrica. Consideran que con esta cifra no puede mantenerse en marcha la producción.

Ayer mantuvieron un encuentro con el alcalde de Alcalá, Gutiérrez Limones que calificó el cierre de Roca de “absoluto despropósito” por tratarse de un grupo que tiene beneficios y que mantiene plantas abiertas en muchos países, mientras que las cierra en su país de origen. Gutiérrez Limones afirma que “la empresa no ha demostrado con sus informes que la planta de Alcalá no sea viable”, por lo que pide a la dirección que vuelva a sentarse a negociar un plan de viabilidad para las instalaciones de Alcalá.

Los 228 empleados de Roca Alcalá siguen son sus movilizaciones y mañana realizarán la primera de las marchas que tiene previstas a los pueblos de la comarca. La primera de ellas será a Alcalá y seguirán marchas a pie a Mairena del Alcor, Arahal, Dos Hermanas y Utrera a lo largo de marzo.

Hoy además 12 trabajadores se han declarado en huelga de hambre y se han encerrado en las instalaciones del Centro de Emergencias de Alcalá. Según denuncian desde el Comité de Empresa, tras 56 días de huelga, la situación de muchos empleados es crítica, sobre algunos pesan amenazas desahucios y otros “no tienen ni para pagar la luz, ni para comer”. Para ayudar a los casos críticos, han editado bonos solidarios al precio de cinco euros con los que paliar las necesidades más apremiantes.