Pero esta indicación no ha llegado a los empleados de la agencia municipal de recaudación, donde no tienen constancia de ningún cambio e indican a quien acude a informarse que todo sigue igual y que tras finalizar el plazo límite del 3 de noviembre, la cuantía de los recibos se verá incrementada en concepto de atraso en el pago.
Tras aparecer publicado este último extremo en Guadaíra Información, junto a la denuncia de la situación del PA y la petición de una aclaración sobre la situación por parte de FICA, el Gobierno local ha emitido un comunicado de prensa en el que afirma que los recibos de basura industrial están paralizados. Igualmente indica que “se dieron instrucciones para que se dejaran de repartir las cartas de pago correspondientes para que los ciudadanos no pudieran pagar en las entidades bancarias”.
El Gobierno local dice que ha ordenado que se revisen los recibos emitidos para “proceder a la anulación de oficio de los que no hubieran sido emitidos correctamente”. Una vez revisados y analizada la situación indica que se procederá a la ampliación del plazo del periodo de pago.
Pero el caso es que los recibos han sido emitidos de forma correcta y cumplen con total exactitud la ordenanza municipal que no se ha modificado desde 2002 y a favor de la cual han votado desde entonces y cada año todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Si bien hasta ahora nunca se había aplicado en la práctica.
En dicha ordenanza se afirma literalmente que “se girará una tasa de basura por cada epígrafe de Impuesto sobre Actividades Económicas, en el que conste dado de alta el contribuyente, a efectos de impuesto sobre actividades económicas correspondiente, independientemente de si la actividad o actividades se desarrolla en el mismo local o en locales diferentes”.
De esta forma, es posible que la revisión que ha pedido el Gobierno local determine que todos los recibos son correctos y vuelta entonces a cargarlos, con un nuevo plazo de pago.
El delegado de Hacienda se enfrenta así a una situación paradójica. O cobra los recibos ya emitidos y los que quedan por girar o incumple las propias ordenanzas municipales, circunstancia que podría tener implicaciones legales.
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