El resultado es que un mes después de finalizar el contrato con la empresa CGI que gestionaba los tributos hasta el 31 de diciembre, el futuro de la recaudación municipal sigue en el aire. La falta de acuerdo no permite conocer cuál será la fórmula de gestión. El gobierno local sigue apostando por el Opaef, la oposición lo quiere municipalizar. Mientras sólo seis empleados se hacen cargo del trabajo que antes desarrollaban 26. La situación del servicio del que dependen buenas partes de los ingresos municipales es prácticamente de parálisis.

Esta situación ha desplazado el debate hacia otra cuestión. El pago de las nóminas de los empleados municipales. El gobierno local emplea este extremo como argumento para avalar el paso al Opaef. El delegado de Hacienda, Salvador Escudero, advirtió de que habrá “tensiones de tesorería” durante este año e indicó que la forma de salvar el problema era contar con los adelantos de tesorería que aporta el organismos de la Diputación. Escudero citó también como causa de la situación municipal en el plano económico la falta de aprobación del Plan de Ajuste, contra el que votó la oposición y que hubiera suavizado las condiciones de devolución del crédito dado por el Gobierno central para pagar 5 millones de euros a proveedores. Esto supone que hasta septiembre, el Estado retendrá mensualmente 600.000 euros de los ingresos que le corresponden  al Ayuntamiento.

Pero la oposición en bloque  cree que el extremo de impago de las nóminas no es una necesidad real y está seguro de que el Ayuntamiento podrá pagarlas. Consideran que se trata de una “estrategia” para que los empleados municipales culpen a la oposición de la situación, según dijo la portavoz del PP, María del Carmen Rodríguez. Por su parte, la edil Laura Ballesteros  citó la transferencia de 270.000 euros a la sociedad Innovar en Alcalá para publicidad. Para el portavoz de Izquierda Unida, “el único problema de fondo es que si se municipaliza el servicio, el Ayuntamiento no podrá contar con los adelantos y este gobierno quiere dinero porque se acercan las elecciones para acabar obras y poner rotondas”

Por su parte, la portavoz del PA, Lola Aquino, cree que el traspaso al Opaef es una decisión política tomada hace meses y que “ahora quieren justificar con los informes de los técnicos”. Aquino dijo al Gobierno local que “conocen desde hace tiempo esta situación y no han tomado medidas”.

La alusión a la “responsabilidad” frente a la delicada situación económica del Ayuntamiento fue formulada en varias ocasiones por todos los grupos políticos. El PSOE la pidió a la oposición para aprobar una medida que consideran la única posible para garantizar el futuro de la gestión económica municipal. La oposición por su parte, manifestó que la “responsabilidad” de haber llegado a la actual situación corresponde al Gobierno socialista.

Para argumentar esta afirmación, los grupos de la oposición realizaron un análisis de la evolución y las medidas económicas del Ayuntamiento en los últimos años. De esta forma la sesión plenaria se convirtió en un debate sobre la situación económica general del Consistorio. En este punto, Alberto Miranda pidió la dimisión del alcalde, Gutiérrez Limones y de su delegado de Hacienda “por llevar a este pueblo a la ruina”. Por su parte Rodríguez Hornillo citó la relación de las principales deudas del Ayuntamiento: 90 millones a los bancos, 5 de convenios urbanísticos, 13 del tranvía, 4 que se adeudan a la Diputación por el IAE, además de deudas con Adif, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o las deudas de 40 millones de euros que tiene la empresa Gesi 9 participada por el Ayuntamiento.

En el marco de ese balance general sobre los 18 años de mandato de Gutiérrez Limones se produjo un duro enfrentamiento verbal entre Laura Ballesteros antigua concejal socialista y Miriam Burgos, portavoz del PSOE. Ballesteros acusó a los socialistas de “no escuchar a la gente de la calle” y acusó al Gobierno local de “hacer oídos sordos” a las advertencias que ella hizo cuando pertenecía al Ejecutivo local sobre cuestiones irregulares en Alcalá Comunicación Municipal. Burgos le respondió retándola a que acudiera al Juzgado a denunciar y también en clave judicial anunció que su formación estudia llevar a los tribunales a toda la oposición para “exigirles responsabilidades” por sus decisión frente a un tema como el de ARCA que según dijo “responde a un decisión técnica”.

Por lo demás, el Pleno siguió en las bancadas del público la tónica de sesiones anteriores, pancartas contra el Gobierno local de los antiguos trabajadores de ARCA, otras de UGT aludiendo a la responsabilidad de los 25 concejales frente al futuro de la recaudación municipal, gritos e imprecaciones durante las intervenciones de los concejales, sobre todo cuando tomaban la palabra concejales de la oposición y en particular cuando lo hacía Laura Ballesteros.