Soledad Becerril explicó que en el momento actual la situación económica y la mayor conciencia de los ciudadanos sobre sus derechos está provocando un fuerte incremento de las quejas que llegan a su oficina. Sólo en los seis primeros meses del año 2012 se habían recogido las mismas quejas que en todo el año 2011. Las previsiones son que el presente año se cierre con alrededor de un 37% por ciento más de quejas que el año pasado. Los ciudadanos se quejan sobre todo de problemas de tipología económica: los desahucios, expedientes de regulación de empleo, la reducción de salario de los funcionarios, el iva, las preferentes, copan buena parte del trabajo de las 173 personas que trabajan en la oficina del Defensor del Pueblo.

Pero la labor de esta instituación también abarca otros ámbitos. Tiene la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que entienda que una ley o normativa vaya en contra del espíritu de la Constitución. Es también el organismo encargado de vigilar violaciones de los derechos humanos. En este sentido, vigila por ejemplo para que las condiciones de los presos en las cárcelas sean las adecuadas. Precisamente antes de llegar al Foro Oromana, Becerril estuvo en la cárcel de mujeres de Alcalá. En colaboración con la Policía y la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo vigila situaciones delictivas que atentan contra los derechos humanos. En los últimos tiempos presta especial atención a la proliferación de mafias de explotación sexual.

Frente a estas situaciones y a las quejas, la oficina del Defensor no tiene un poder directo, explicó Soledad Becerril. "No dictamos normas o reglamentos, lo que hacemos es decir lo que nos parece que está mal", afirmó. Para el desarrollo de su actividad, la Defensora considera clave "el principio de autoridad" y añadió que "si nos limitamos a decir que todo está mal, terminaríamos porque nadie nos echara cuenta".

En el tiempo que lleva al  frente del cargo, Soledad Becerril ha realizado diversas recomendaciones sobre el nuevo Código Penal entre las que figuran la necesidad de una mayor atención a las víctimas y a los familiares de las víctimas en los procesos judiciales. Varias de ellas han sido atendidas. En otras materias han elaborado un informe sobre explotación sexual o han conseguido que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometa a que las revisiones de establecimientos para medir una posible contaminación acústica se haga en los horarios en los que se produzca mayor nivel de ruido.

Entre las recomendaciones de la oficina del Defensor del Pueblo en la etapa de Becerril también se encuentra la petición a los ayuntamientos de que consignen en cada obra de infraestructura importante el presupuesto anual necesario hasta su colmatación, para evitar que un cambio de gobierno deje una obra paralizada o no atienda los pagos comprometidos por el anterior.

También ha elaborado una resolución sobre los desahucios en la que pide a los bancos que antes de proceder a ellos lleguen a acuerdos con los propietarios de los inmuebles para alargar el tiempo del pago de la deuda. Precisamente, en la puerta del Hotel Oromana, donde tuvo lugar la conferencia se concentró un grupo de representantes del 15-M entre los que figuraba una familia con el problema de un desahucio inminente. Becerril los atendió y tomó nota del banco con el que los propietarios tenían firmada la hipoteca. Igualmente respondió a diversas cuestiones de las que le plantearon los manifestantes, que cuestionaron la fórmula de elección del Defensor del Pueblo, ya que no se realiza por votación popular.

Sobre esta cuestión Soledad Becerril explicó que se trata de un cargo que tiene la máxima representación, ya que tiene que ser elegido por tres quintos de los representantes tanto del Congreso, como del Senado. En su caso su nombre ha contado con la aprobación tanto del PP, como del PSOE.

Becerril abordó diversas cuestiones actuales a preguntas de los asistentes. Entre ellas la situación de la Educación. Estima que los índices de fracaso y abandono escolar (que en España están en los niveles de Malta o Portugal),  hacen necesaria una reforma en la materia. "Comprendo el disgusto de los docentes, pero no veo que las medidas que se estén tomando vayan en detrimento de la calidad de la enseñanza", dijo.

La conferencia de la Defensora del Pueblo contó con un amplio auditorio en el que no se incluyó ningún representante del Gobierno municipal a pesar de que la figura que encarna Becerril es una de las que tiene mayor peso insticional en el Estado español.