Con el desalojo se pone fin a la ocupación de un conjunto de viviendas que nunca llegó a comercializarse y que ha pasado a manos de una entidad bancaria. Después de sufrir robos y deterioros, las casas fueron ocupadas y se creó la primera corrala de la provincia. Ahora, la orden judicial le ha puesto fin. 

Llegaron a vivir en el inmueble 25 familias, muchas de ellas con menores. Si bien algunas de ellas ya se habían marchado. Algunas de ellas cargaron sus pertenencias en vehículos y furgonetas ayer por la tarde. Según el informe de la Policía Local sólo quedaban diez esta mañana. El Ayuntamiento de Alcalá ha mediado con la entidad bancaria propietaria del inmueble y ha logrado una alternativa de residencia para cinco familias. Si bien algunas de ellas lamentaban que la opción que les dieran fuera en otras locaildades como Écija o Aznalcollar. 

El criterio municipal ha sido claro, la solución se le ha ofrecido "solo y exclusivamente" a aquellas familias que tienen vulnerabilidad social acreditada  por los técnicos municipales. La delegada de Vivienda, Elena Álvarez, indica que desde la adminstración local trabajan en la búsqueda de una alternativa para estos casos, sólo para ellos, ya que según afirma "como administración pública, rechazamos ofrecer soluciones a quienes, teniendo otras alternativas,  se escudan en la necesidad reales de otros para no cumplir con las normas legales”.

Parece que con esta postura el Gobierno local fija su forma de actuar frente a los problemas de vivienda que padece Alcalá y que lo hace ofreciendo atención solo a los casos acreditados por servicios sociales. Unos problemas de vivienda que se seguirán repitiendo. Para este mismo miércoles están fijados dos desahucios más en dos puntos de la localidad.

El Ayuntamiento desta "la rigurosidad del trabajo de los servicios sociales, en la delimitación de las condiciones de las  familias que si necesitaban respuesta al problema de vivienda y, la colaboración de la entidad financiera en ofrecer alternativas para ello". Al mismo tiempo pide al resto de bancos que tengan "sensibilidad social y afán de colaborar con la administración local para ir dando respuesta a situaciones similares".

Las familias que permanecían en la puerta del edificio desalojado lamentaron que sólo se hubiera dado solución a unos casos y a otros no. Algunos exponían su situación concreta como un matrimonio con dos hijos, uno de cinco años y otro de once meses que afirma que no tiene donde vivir, ni siquiera forma de llevarse los muebles y enseres que permanecían apilados en la acera de enfrente. Otra mujer criticaba que de sus tres hijas que vivían en la corrala sólo a una se le hubiera ofrecido alternativa y otro hombre con cinco hijos y que sufre ataques epilépticos lamentaba verse en la calle sin alternativa. La petición que han mantenido desde un principio los ocupas del edificio ha sido la de lograr un alquiler social de las viviendas.